Con el objetivo de reducir la pobreza, el Gobierno central ha aprobado este viernes un ingreso mínimo vital dependiente de la Seguridad Social en todo el territorio nacional. Una medida fundamental en nuestro país destinada a las personas con escasos recursos. De ese modo, se estima que llegue a unos 850.000 hogares, pero ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a ella? ¿Cómo va a afectar a la igualdad?
¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital?
Conocida como Renta Mínima, su nombre oficial es Ingreso Mínimo Vital (IMV). Se trata de una prestación mensual no contributiva de la Seguridad Social destinada a los hogares en riesgo de pobreza. Cubre la diferencia entre los recursos económicos de cada unidad familiar y lo que el estado considera una renta mínima. Varía en cada familia dependiendo de la cantidad de miembros que tenga.
La cuantía, que corre a cargo de la Seguridad Social, oscila entre los 461,5 euros para una persona que viva sola y 1.015 para hogares de hasta cinco componentes. Además, se ha diseñado un complemento de 100 euros al mes para las familias monomarentales o monoparentales.
La cantidad que cobrará cada unidad familiar no es fija ya que se trata de completar los ingresos de cada caso hasta llegar a la cifra del umbral establecido.
Alcanzará los 2,3 millones de personas
Las estimaciones del Ejecutivo apuntan a que la renta mínima estatal alcanzará los 850.000 hogares, compuestos por 2,3 millones de personas, aproximadamente. De ellos, un 30% son menores. Además, el 16% de los hogares potenciales beneficiarios son monomarentales. Se calcula que 100.000 hogares lo podrían recibir ya en junio. Se garantizará de manera mensual, en doce pagas, mediante una transferencia bancaria. El gasto a cargo de los presupuestos generales del estado rondará los 3.000 millones de euros al año.
Una medida sin precedentes en España
Se trata de una medida histórica en nuestro país en lo que a políticas públicas contra la pobreza se refiere. Bien es cierto que en algunas Comunidades Autónomas ya existía un sistema de renta mínima similar. No obstante, este, al ser estatal, llega a todas las personas, independientemente de la región en la que vivan. Por lo tanto, se elevará la cobertura de las personas destinatarias.
España era el único país de la eurozona que no contaba con ella
España es uno de los últimos países de la Unión Europea en contar con una renta mínima a nivel nacional. Todos los países de la eurozona tienen sistemas de rentas mínimas estatales. Muchos de ellos compatibles con el empleo y se abonan por hogar, en función de cuántas personas compongan la unidad familiar. En países como Italia y Francia existe un extra por el alquiler. Además, por la crisis del coronavirus, muchos de esos países han aumentado la cuantía de las mismas.
Aunque entre los diferentes países existen grandes diferencias en lo relativo a la cantidad otorgada y las condiciones de acceso o la duración de las ayudas, se estima que el mejor modo para llevarla a cabo es teniendo en cuenta el umbral de pobreza del país. Para ello, se tiene en cuenta:
- El nivel de ingresos y patrimonio
- El tiempo de residencia en el país
- La disposición a formarse y trabajar
Mismos requisitos que se implementarán en España. No en vano, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, aseguró que en el diseño de esta prestación en España se han tomado como referencia “los mejores esquemas europeos” para definir cómo y a quién llegará. Por lo que las similitudes son notables con el resto de programas.
Requisitos para obtener el Ingreso Mínimo Vital
El ingreso mínimo vital podrá solicitarse a partir del 15 de junio. Será en la página web del Servicio de Empleo Estatal (SEPE) o enviando la documentación por correo ordinario. De cualquier forma, para cualquier duda, se activará un teléfono 900 y un asistente virtual.
Quienes lo solicitan tendrán que someterse a un test de patrimonio neto. Dicho de otro modo, restando ingresos menos deudas, sin contar la vivienda habitual.
El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas del hogar y parte de 16.614 euros para una persona que viva sola, hasta 43.196 euros en el caso de una familia de cuatro personas.
El nivel de renta se calculará sobre los ingresos totales percibidos del año anterior, que deben ser inferiores a los umbrales fijados de renta garantizada. También se podrá solicitar si durante el tiempo transcurrido del año actual se han obtenido ingresos que están por debajo de la renta garantizada. Esto permitirá atender a las personas que se han visto afectadas por la crisis del COVID.
En estos casos, cuando se tengan los datos de todo el año se hará un ajuste de la prestación en función de los ingresos reales.
¿Qué se necesita?
Para solicitarlo es necesario:
- Al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España
- Tener entre 23 y 65 años
- Haber vivido, al menos, tres años de forma independiente y haber cotizado un año a la Seguridad Social
- También lo pueden cobrar personas de 18 años con hijas o hijos a su cargo y que lleven un año de residencia legal en España
Estos requisitos serán comprobados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social con el libro de familia y el padrón municipal.
Incorpora la perspectiva de género
Asimismo, se contemplan excepciones para solicitantes de protección internacional, las víctimas de trata, independientemente de su situación irregular, y de violencia de género sin necesidad de interponer denuncia o de una identificación policial, sino a través de servicios sociales y entidades especializadas. Asimismo, cuenta con un alto impacto para las familias monomarentales. En este sentido, la medida tiene una fuerte perspectiva de género, ya que permite la autonomía de las las mujeres en un contexto de creciente desigualdad. Así:
- Redistribuye la riqueza. Tiene en cuenta que las mujeres se encuentran en una situación de precariedad, más aún con las consecuencias de la crisis del coronavirus. Los empleos feminizados suelen ser los más precarios por las jornadas, los salarios y las condiciones laborales. Por ende, las mujeres corren más riesgo de despidos y de pobreza. De hecho, desde el inicio de la crisis del Covid-19, las mujeres han perdido más empleos que los hombres. Por ende, sus beneficios económicos se han visto mermados o cesados.
- Más difícil todavía lo tienen las mujeres que se enfrentan solas a la maternidad. Por ello, se valora la monomaternidad como factor de vulnerabilidad que incrementa la cuantía del ingreso. Las familias monoparentales son casi 2 millones en nuestro país y 1,5 están encabezadas por mujeres. Son las que sufren, también, mayor impacto de la pobreza.
- Una vulnerabilidad que también están sufriendo las mujeres en situación de prostitución, que siguen siendo explotadas sexualmente y están más expuestas al contagio. Así como las víctimas de violencia de género que, además, han visto aumentado su riesgo ante la dificultad de pedir ayuda o de presentar denuncias teniendo cerca al maltratador. El Ingreso Mínimo vital facilita la independencia económica de las víctimas de violencia de género y de trata con fines de explotación sexual, pues rompe dinámicas de dependencia que dificultan escapar de esas violencias.
Por ende, alivia en gran medida la brecha de género que se ha visto agravada por la crisis.
Compatible con otras rentas salariales y vinculada a la búsqueda activa de empleo
Las personas que cobren la ayuda estatal y encuentren un empleo podrán compatibilizar, de manera temporal, ambos ingresos, recibiendo parte del ingreso mínimo durante un tiempo. Eso sí, siempre que no se supere el umbral establecido. El Ministerio de Seguridad Social aún no ha detallado los plazos. Se trata así de evitar la llamada «trampa de la pobreza», es decir, elegir entre aceptar un empleo o cobrar la prestación. Así como de desincentivar la economía informal.
La ayuda va ligada a la búsqueda activa de empleo. De hecho, se hará una evaluación para confirmar que se está buscando trabajo y adquiriendo nuevas habilidades a través de cursos de formación. Por tanto, la ayuda no dura para toda la vida. Pasado un año, se evalúa el:
- Itinerario de cursos de formación
- Itinerario de integración laboral
En este sentido, se prepararán incentivos a la contratación y se creará un «sello social» para las empresas que les ofrezcan formación y empleo.
También será compatible con las rentas mínimas de las Comunidades Autónomas, de forma que fijará un suelo común para los hogares que cumplan los requisitos y las comunidades podrán complementar estos ingresos en la forma en que ellas lo consideren oportuno.
Reduce la pobreza extrema
La prestación tiene como propósito reducir en un 80% la pobreza extrema en España. La Seguridad Social calcula que en nuestro país la padecen unos 550.000 hogares, es decir, viven con menos de 230 euros al mes.
En España, una de cada cinco personas vive bajo el umbral de la pobreza y una de cada cuatro está en riesgo de exclusión social. Antes de la crisis del coronavirus, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2018, España era el sexto país de la Unión Europea en riesgo de pobreza. Especial vulnerabilidad tenían las familias monomarentales y la población infantil. Con la crisis del Covid-19 estas personas han visto agravada su situación. Por ello, el ingreso mínimo vital supone una gran ayuda para subsistir.
Una vez aprobado, el siguiente paso es asegurar que todas las personas que cumplen con los requisitos están informadas de esta ayuda, así como facilitar que se tramita de la forma más rápida posible ya que muchas personas no pueden esperar.
Jéssica Murillo, periodista experta en igualdad e intervención en violencia de género