Siempre que leo los comentarios en las noticias de prensa on-line sobre natalidad, crecimiento demográfico y hasta pensiones hay dos líneas de comentarios:
1) los que se quejan de que las ayudas a las familias con hijos en España son escasas y de que las empresas están muy poco comprometidas con la famosa conciliación familiar y laboral, cuando los niños son un bien de toda la sociedad
2) los que esgrimen que la decisión de tener hijos es personal y los no-padres no tienen por qué «subvencionar» las consecuencias de esa opción. Muchos de los representantes de esta segunda corriente argumentan también que el crecimiento demográfico no es algo positivo, puesto que el mundo soporta con dificultad los habitantes que ya tiene, por lo que promover los nacimientos es poco menos que un suicidio colectivo.
Con la humildad que implica mi poco conocimiento de las teorías demográficas, lo que sí parece es que sin inmigración y sin un tasa mínima de nacimientos (cercana a 2 hijos por mujer) 
el relevo generacional no está asegurado. O sea, que aunque en India haya superpoblación, esos niños no sostendrán dentro de unos años la economía española, porque ya sabemos que se ha globalizado casi todo menos los movimientos de las personas, que cada día tienen más «aranceles» y fronteras. (Y tampoco me gusta esto de medir a los hijos sólo como aportadores económicos del futuro, porque también los podríamos contabilizar como «alegradores del presente», pero para eso no hay baremo).
En España no parece haber una estrategia de promoción de la natalidad, porque las medidas que de vez en cuando aparecen son aisladas y erráticas. O sea, que los dos colectivos antes mencionados tienen motivos para quejarse: unos por la escasez de ayudas y otros por su existencia, aunque no sean para tirar cohetes. Un ejemplo difícil de justificar son los famosos 2.500 euros por hijo, da igual que sean las gemelas Thyssen que el niño de mi frutero. No discuto que cuando te tocan, vienen estupendamente, pero sí cuestiono la idoneidad de la medida para animar embarazos, si ése es su objetivo.
Y con la intervención de las comunidades autónomas, con sus diecesiete estrategias distintas (legítimas), el sube y baja de las ayudas se ha convertido en un carrusel. Hay autonomías con ayudas de mínimos (prácticamente sólo alguna deducción fiscal), otras que centran sus prioridades en el desarrollo de servicios públicos de calidad y amplia cobertura (escuelas infantiles) y otras que prefieren el sistema de «cheques» para que cada familia lo invierta en lo que considere conveniente. A veces, la competición parece enfocarse no a conceder la ayuda más necesaria, sino la más original.
Y entre todo este maremagnum, algunas iniciativas curiosas: las sillas de seguridad infantil para automóviles que presta la Junta de Castilla y León; un servicio que lleva funcionando desde 2003 y que ha ha realizado casi 40.000 préstamos. Sólo en 2009 lo utilizaron cerca de 4.000 familias. Por el tiempo de implantación y los datos de uso, parece que la idea está funcionando, sobre todo para aquellos que usan el coche ocasionalmente y evitan así acometer un gasto que además hay que volver a invertir conforme crece el niño (el precio de estas sillas está entre los 100 y los 300 euros). La idea ha sido unir objetivos: el de la seguridad vial y el del apoyo familiar.
¿Cuál sería tu modelo de ayudas a las familias, si crees que debe haber uno?
¿Tenemos que cambiar la organización de todo el país (incluida la del trabajo, claro) para que sea Child Friendly o nos quedamos como estamos (más bien poco friendly)?
En próximas entradas del blog hablaremos de otras iniciativas de las comunidades autónomas, porque el tema da para mucho. Ésta se la dedico a mi hijo, que mañana cumple 2 años.
