El Pin Parental de Vox adoptado por el Gobierno de Murcia ha abierto la polémica, pero, ¿qué es y cómo funciona? ¿Por qué genera tanta controversia?
Qué es el Pin Parental
Hace unos días despertábamos con la noticia: El Gobierno de la Región de Murcia decide aceptar el ‘pin parental’, una exigencia de Vox al Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos para apoyar los presupuestos autonómicos. El nombre elegido no es casual: “pin parental”. ¿Lo habéis escuchado antes?
Se inspira en el «Control parental»
Probablemente os suene de algo, ya que el «pin parental» o «control parental» es una clave que ofrecen varias plataformas para bloquear, en la televisión o en el ordenador, determinados contenidos que las familias consideran no apropiados por ser violentos o explícitos sexualmente.
El partido de extrema derecha ha querido trasladar este concepto al ámbito educativo. El pin parental se trata, así, de una medida que obliga a las familias a dar su consentimiento expreso sobre las materias que reciben sus hijas o hijos por parte del personal externo al centro, aunque el profesorado lo considere necesario.
Una censura previa a las actividades programadas por los centros educativos que les concede el poder de vetar actividades que consideran “controvertidas”. Con esta medida, los padres podrán censurar la educación sexual, si así lo desean. O talleres de prevención de violencia de género, materia curricular y recogida en la ley. Se trata de una especie de “objeción de conciencia” que no está contemplada en la legislación española.
Censura la educación en los valores
Algunas organizaciones como Amnistía Internacional ya lo han rechazado abiertamente: «Sería aceptar la idea de que estas actividades que ayudan a no discriminar son negativas». Por lo tanto, dificultan educar en la diversidad, la libertad, la igualdad, el respeto y la convivencia. Siendo estos los valores que se enseñan en estas charlas.
Los impulsores del pin parental consideran que se está adoctrinando a la infancia y a la juventud. Frente a ellos, quienes rechazan que la ideología de las familias limite la formación del alumnado.
Es por todo ello que la iniciativa ha causado un gran revuelo. Y no es para menos. Sobre todo, debido a las consecuencias que podría tener. Por ejemplo, restringir la educación sexual es negar a la juventud el derecho de conocer su propia sexualidad. Y vetar actividades de prevención de violencia de género puede conllevar al aumento de relaciones tóxicas y conductas de abuso y dominación entre la juventud. Pero, además, el pin parental también entra en contradicción con el ordenamiento jurídico.
¿Qué dice la ley al respecto?
Desde el punto de vista normativo, este veto parental sería, en teoría, imposible. En primer lugar, porque vulnera los derechos fundamentales de los menores, especialmente el de la educación, ya que les impide acceder a una educación libre e igualitaria.
El derecho a la educación en el respeto de los derechos y libertades prevalece. El artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece que: “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen, tanto en el ámbito público como el privado”. Este artículo, junto con el 27.2 de la Constitución Española, señala que, como apuntábamos, prevalece el derecho del menor.
El propio Tribunal Constitucional ha señalado en diversas sentencias que el derecho a la objeción de conciencia solo existe en nuestro ordenamiento en los casos expresamente contemplados por la Constitución y las leyes.
Por otro lado, la censura parental vulnera también tratados europeos suscritos por España como la Convención de los Derechos del Niño o la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Además, va en contra de la competencia que tienen atribuida los centros para tomar decisiones curriculares. Las comunidades autónomas establecen que las actividades complementarias que se desarrollan en horario lectivo son obligatorias. Las familias no pueden negarse a ellas.
Asimismo, los talleres ya se incluyen en la programación anual, por lo que las familias tienen conocimiento sobre ellos.
El rechazo de las asociaciones y colectivos de Murcia
Para muchas asociaciones este veto parental es un grave error. Por ello, han firmado un documento donde lo denuncian. De ese modo, ya son más de 40 asociaciones y colectivos de Murcia los que se han unido al rechazo a través de este texto. En el mismo, exigen la retirada inmediata de las exigencias para que la juventud pueda asistir a las charlas complementarias.
El Gobierno nacional exige la retirada inmediata
El Gobierno tampoco se ha quedado atrás en este rechazo. No tiene ninguna intención de permitir la censura parental en los centros educativos. La Ministra de Educación, Isabel Celaá, ha amenazado con llevar el pin parental a los tribunales. Asimismo, ha remitido un requerimiento al Gobierno de Murcia para que se retire la medida.
Por su parte, la Ministra de Igualdad, Irene Montero, califica al pin como machista y va a solicitar su comparecencia ante la comisión de seguimiento del pacto de estado contra la violencia de género para explicarlo.
Mientras, Vox sigue en sus trece. Defiende la necesidad de su implantación: «ante el evidente adoctrinamiento en ideología de género que sufren nuestros menores en los centros educativos, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género».
El veto parental fue una de sus propuestas estrella durante la campaña electoral y, pese al rechazo total de la comunidad educativa, está decidido a hacerla valer en las comunidades en las que sus votos son necesarios para aprobar los presupuestos.
Jéssica Murillo, periodista experta en igualdad e intervención en violencia de género
